Este viernes 19 de junio, el Juzgado de Instrucción encargado del conocido “Caso Palacete”, retomará las declaraciones en una jornada que se prevé clave para el desarrollo de la investigación.

A partir de las 9:00 horas, comparecerán en sede judicial dos peritos técnicos fundamentales en el esclarecimiento de los hechos: Urko Balciscueta, perito designado por el Juzgado y testigo en la causa, y Amaia De Felipe, arquitecta municipal.

Asimismo, el Grupo Popular recuerda que la investigación judicial ha ido revelando indicios cada vez más graves sobre la tramitación de la licencia que permitió las actuaciones sobre el inmueble de San Nicolás 11, pasando de lo que inicialmente parecía una simple irregularidad administrativa a unos hechos que podrían tener una mayor trascendencia jurídica.

En este sentido, destacan la labor realizada por la Ertzaintza durante la instrucción, que ha permitido recopilar abundante documentación y elaborar informes que apuntan a presuntas irregularidades en la tramitación del expediente urbanístico.

Según la información incorporada a la causa, dos técnicos municipales que mantenían una posición contraria al otorgamiento de la licencia fueron apartados del expediente, siendo sustituidos posteriormente por otros técnicos que participaron en la tramitación y que actualmente figuran como investigados en el procedimiento.

A su vez, la instrucción investiga la rapidez con la que se concedió la licencia, el inicio de obras sin autorización municipal y las circunstancias que rodearon el posterior derribo del inmueble.

Uno de los aspectos más relevantes de la investigación se refiere a la protección patrimonial del edificio. Desde algunos de los investigados se ha defendido que el inmueble carecía de protección y que, por tanto, podía ser demolido.

Sin embargo, durante la fase de instrucción se han incorporado informes emitidos por el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Bizkaia y el Colegio Oficial de Arquitectos que concluyen que el edificio estaba protegido y que no podía ser objeto de derribo.

Para el PP de Getxo, estos informes refuerzan la posición mantenida desde el inicio por Urko Balciscueta, quien siempre sostuvo que el inmueble no podía ser demolido.

“Precisamente, su oposición técnica al expediente es una de las cuestiones que ahora se encuentran bajo análisis judicial, después de que fuera apartado de la tramitación y sustituido por otra técnica actualmente investigada” ha matizado el edil Popular Andrade.

La formación Popular también subraya que las diligencias practicadas hasta la fecha cuestionan la versión de que el derribo se produjera por una situación de urgencia. Por el contrario, los indicios recabados durante la instrucción apuntan a una actuación previamente planificada para posibilitar la demolición del edificio.

“Las declaraciones de este viernes pueden ayudar a esclarecer definitivamente por qué se apartó a determinados técnicos, cómo se tramitó la licencia y qué ocurrió realmente con un edificio que, según tres informes independientes incorporados al procedimiento, estaba protegido y no podía derribarse”, señala el portavoz del PP de Getxo, Eduardo Andrade.

En palabras de Eduardo Andrade, “Una vez concluidas estas comparecencias, la instrucción judicial entrará en una fase decisiva, previsiblemente con la declaración de las personas investigadas, que deberán ofrecer su versión de los hechos”

Fuentes jurídicas del caso señalan que, tras la ratificación judicial de Balciskueta y De Felipe este viernes, el escenario procesal quedará expedito para que el juez instructor cite a declarar de manera directa a los principales cargos imputados. Con la recepción de sus testimonios, se prevé el cierre inmediato de la fase de instrucción y la apertura de la fase de juicio oral.

Los Populares reiteran su compromiso con la transparencia y la defensa de la legalidad urbanística y confía en que la investigación judicial permita esclarecer todas las circunstancias que rodearon el derribo del palacete y depurar, en su caso, las responsabilidades que correspondan.

Para concluir, Eduardo Andrade ha querido dejar claro que, “La ciudadanía tiene derecho a conocer toda la verdad sobre uno de los episodios urbanísticos más graves ocurridos en Getxo en los últimos años.”